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Lunes 19 de noviembre de 2018

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Comisiones obreras "hemos defendido la industria naval ante los diferentes gobiernos"

"En este contexto hemos venido desarrollando nuestro trabajo, no sin grandes dificultades derivadas de las erráticas políticas que presidían la gobernanza de esta empresa y de los anteriores gobiernos"

24 de octubre de 2018

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La industria de fabricación naval pública en España ha venido atravesando, durante las últimas décadas, intensos procesos de reestructuración.

Fruto de estos procesos y de los condicionantes que acarrearon, se configuró una empresa (fusión de Astilleros Españoles y Bazán), radicalmente escorada hacia la construcción naval de defensa, con limitaciones importantes para desarrollar proyectos de construcción civil.

No ajeno a esta situación, las restricciones impuestas por la Comisión Europea para la construcción civil (la imposibilidad de ayudas públicas a este sector), provocaron una total dependencia de la empresa Navantia de la industria militar, que sólo en los últimos años, a partir del levantamiento del veto europeo, ha permitido abrir espacios en el ámbito civil (ferrys, petroleros, jackets, subestaciones, etc).

Comisiones Obreras, Sindicato mayoritario en el conjunto de los centros de Navantia, hemos venido defendiendo de manera reiterada, y ante los diferentes gobiernos, una posición clara y nítida de defensa del sector naval en su conjunto y de Navantia en particular con la premisa, irrenunciable, del mantenimiento de todos los centros fabriles, de la garantía del empleo en los mismos, y reclamando las inversiones necesarias para no quedarnos a la zaga de un sector con un gran nivel de transformación tecnológica.

Todo ello bajo el prisma de evitar circunscribir la empresa a las necesidades de la defensa en España, como único cliente, favoreciendo la expansión en el mercado internacional, en las mejores condiciones de competencia frente al resto de empresas, que operan en un mercado mundial cada vez más globalizado y con fuertes requerimientos tanto en precio como en tecnología.

En este contexto hemos venido desarrollando nuestro trabajo, no sin grandes dificultades derivadas de las erráticas políticas que presidían la gobernanza de esta empresa y de los anteriores gobiernos.

En estos últimos dos años, y a raíz de los cambios operados en la dirección de la empresa y la disposición de SEPI para abordar un plan integral en Navantia, hemos ido avanzando en la configuración de un espacio de entendimiento para poder abordar con garantías un plan estratégico para Navantia, que necesariamente debería servir para asentar el futuro a medio y largo plazo.

Este plan estratégico debe sostenerse ineludiblemente en cuatro ejes fundamentales: política comercial (carga de trabajo y diversificación de actividades), actualización y mejora de la estructura organizativa (digitalización, sistema organizativo), inversiones en I+D+i y modernización de las instalaciones (astillero 4.0 y garantía de eficiencia en todos los centros) y un marco de relaciones estables (convenio colectivo, rejuvenecimiento de plantillas, formación y cualificación).

Todo ello soportado con un plan financiero que garantizaría el desarrollo de dichos pilares, y visibilizara un proyecto a medio y largo plazo, dotando a todos y cada uno de los astilleros, de los instrumentos necesarios para abordar la ineludible transformación del modelo empresarial de Navantia en su conjunto.

También y muy importante, la necesidad de regular la subcontratación, dotándolo de la capacidad suficiente para, no solo poder hacer frente a estos retos, sino dotándole de mecanismos para dignificar sus condiciones económicas y laborales y regular la actividad que desarrollan miles de trabajadores y trabajadoras en el sector de la industria auxiliar que depende de Navantia.

En definitiva, se trata de situar a Navantia a la cabeza del sector a nivel mundial, como empresa moderna, eficiente y sólida, con capacidad suficiente para poder hacer frete a cualquier requerimiento, cualquier proyecto y en cualquier parte del mundo.

Abordar este proceso no está siendo nada fácil, ni está exento de dificultades, unas derivadas de la dilación en el tiempo, otras de los contextos políticos y sociales que hemos vivido, y otras por acontecimientos, que si bien son ajenos a la propia empresa, sí están dentro del debate de la opinión pública, como es el caso de las relaciones comerciales de nuestro país con Arabia Saudita.

Cómo abordar este tema desde la perspectiva de una empresa dedicada fundamentalmente a la fabricación naval de defensa, exige evitar caer en análisis simplistas y declaraciones vacías. Es por ello por lo que desde nuestra organización, trataremos de huir de las falsas dicotomías que se están planteando, para situarnos en una reflexión más profunda.

El verdadero problema al que nos enfrentamos estriba, fundamentalmente, en la dejación, que durante mucho tiempo Navantia, y por ende los gobiernos anteriores, han hecho de su responsabilidad a la hora de acometer una política comercial que contribuyera a ampliar el abanico de potenciales clientes exteriores que, más allá de nuestras fuerzas armadas, permitiera haber construido una cartera comercial de tal manera, que pudiéramos disponer de la suficiente carga de trabajo para no encontrarnos a día de hoy en una situación crítica, en cuanto a carga de trabajo y empleo se refiere.
La contratación en el sector naval no se hace de un día para otro. Poder optar a contratos lleva años y, lo que hoy tenemos, no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y voluntad política.

Instamos a que se cierre de manera urgente el plan estratégico de Navantia, abordando con intensidad un reforzamiento del área comercial e industrial, que ayude a incrementar la carga de trabajo en los centros, abriendo nuevos mercados en países que no comprometan los derechos humanos en sus políticas de defensa. Mientras, no queda más alternativa que cumplir los contratos vigentes y agilizar los comprometidos tanto de clientes extranjeros, (incluidas las corbetas) como de nuestras fuerzas armadas (Fragatas F-110, S-80, 8am, TLET, Buques Auxiliares, etc), además de reforzar de manera inmediata carga de trabajo específica para el astillero de Puerto Real.

Más allá de lo anterior, el Gobierno, la SEPI y Navantia deberían potenciar la diversificación de la empresa hacia actividades de carácter civil: sector de energías renovables, eólica marina, construcción de buques civiles, offshore y todo tipo de plataformas flotantes.

Lo cierto es que, a día de hoy, disponemos de muy pocos contratos que puedan permitirnos valorar alternativas que garanticen el futuro y, a la vez, podamos tomar decisiones, que éticamente serían totalmente justificables, cuando no necesarias.

Desde Comisiones Obreras denunciamos públicamente la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo por parte del régimen saudí, tanto en la guerra del Yemen, como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Pero a la vez entendemos que el sector naval para la defensa es estratégico en cualquier país, por eso no nos resignamos a que Navantia desaparezca y tener que depender de terceros, ni a que se restringa su perímetro a la defensa nacional, lo que llevaría a la imposibilidad de mantener los actuales niveles de empleo.

Abogamos por una industria dual civil y de defensa española, líder en el mercado mundial, como garantía de empleo y de futuro para las comarcas en las que genera riqueza.

Esperamos que tanto la opinión pública, como los diferentes ámbitos sociales y políticos entiendan esta posición que, en esta situación, nos parece la más razonable y la única que puede garantizar el futuro de miles de trabajadores y trabajadoras, el desarrollo de las comarcas donde se asientan los astilleros y un sector que tiene la necesidad de cambiar, pero que continúa siendo estratégico para nuestro país. En estos momentos creemos que la prudencia, la voluntad política y el tiempo, son nuestros mejores aliados, sin menoscabo de seguir denunciando cualquier vulneración que se pueda producir de los derechos humanos en el mundo.

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