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Lunes 20 de noviembre de 2017

Provincia

Grandes municipios, UGT y CCOO se muestran a favor de reinvertir en la provincia de Cádiz el remanente de 23 millones de euros

El equipo de gobierno de Diputación sigue ganando adeptos en su reclamación para reinvertir el remanente positivo de tesorería, cifrado en 23´2 millones de euros, en la provincia de Cádiz

18 de mayo de 2017

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Irene García aclara que “si hay voluntad del Gobierno de España mañana mismo podría aprobar un decreto determinando el destino de los fondos y sus plazos de ejecución”

El equipo de gobierno de Diputación sigue ganando adeptos en su reclamación para reinvertir el remanente positivo de tesorería, cifrado en 23´2 millones de euros, en la provincia de Cádiz. Alcaldes y alcaldesas de los municipios con más de 20.000 habitantes se han adherido a esta reivindicación dirigida al Gobierno estatal, en el curso de un encuentro convocado por la presidenta de Diputación, Irene García. Con anterioridad a esta reunión ya expresaron su respaldo a esta iniciativa los secretarios provinciales de UGT y Comisiones Obreras, Lola Rodríguez y Francisco Andreu. Mañana miércoles se someterá este planteamiento al Pleno de la Corporación provincial.

Tras el Consejo de Alcaldías, celebrado el lunes, se puede confirmar que todos los municipios gaditanos y entidades locales autónomas convergen en una causa común: los 23´2 millones de euros de remanente positivo, procedentes del superávit presupuestario del año 2016, deben financiar inversiones productivas en la provincia de Cádiz. La cuantía casi triplica la dotación del reciente Plan Invierte que dispuso de una cobertura de 8 millones de euros y que ha permitido mantener y crear empleo en empresas locales, así como renovar infraestructuras y servicios públicos en todo el territorio provincial.

Irene García ha aclarado que, “si hay voluntad política”, la viabilidad de este fondo –que legalmente debe autorizar el Gobierno de España- no tiene por que ligarse a los Presupuestos Generales del Estado. “Si hay voluntad mañana mismo podría –el ejecutivo estatal- regularlo a través de un decreto, donde determinase su destino y plazo de ejecución”. En cualquier caso tanto Diputación como Ayuntamientos reclaman que se flexibilicen las condiciones de inversión: es decir, que no se limiten a las denominadas obras financieramente sostenibles y que se establezca un periodo de ejecución razonable, como puede ser lo que quede de 2017 y todo el año 2018.

“Queremos que nos dejen invertir ese dinero en función de las necesidades de los municipios”, ha manifestado la presidenta de Diputación, quien ha reiterado el elemento determinante para priorizar las inversiones: el nivel de desempleo de cada localidad.

A la espera del voto que exprese cada grupo político en el Pleno, hasta ahora todas las impresiones recabadas –en el Consejo de Alcaldías, en el encuentro con grandes municipios y con las entidades sindicales mayoritarias- han manifestado su acuerdo “por unanimidad”.

Irene García ha recordado que esta reclamación persigue trasladar a la sociedad los beneficios de una eficaz gestión económica. Un trabajo que ha permitido obtener un superávit consolidado de 64´7 millones de euros, alcanzar unos grados de ejecución presupuestaria muy por encima de los promedios de las Diputaciones españolas, situar el nivel de endeudamiento en un 71% de los recursos corrientes y reducir sensiblemente el periodo medio de pago a proveedores (cifrado en 16 días el pasado mes de marzo).

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